MÁS DE 160 ORGANIZACIONES SOCIALES Y SINDICALES SE UNEN PARA QUE EL GOBIERNO RECTIFIQUE DE FORMA URGENTE SU POLÍTICA MIGRATORIA EN CANARIAS

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Madrid, a 27 de abril de 2021 –

Ante la grave situación que se está viviendo Canarias, hoy, martes 27 de abril, se ha trasladado al Gobierno de España una carta abierta, suscrita por más de 160 organizaciones sociales y sindicales, instándole a rectificar de manera urgente e inmediata la política migratoria. El Plan Canarias, con la apertura de macrocentros sin garantías de acogida digna, el bloqueo de miles de personas en las islas a las que se les impiden continuar su proceso migratorio y el impacto social de esta situación, aprovechada por quienes difunden los discursos de odio, resulta un fracaso en un marco de respeto de derechos.

José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge, señala que “mientras no tengamos otra gestión de las fronteras, y eso incluye una acogida respetuosa con los derechos y la dignidad humana, seguiremos teniendo una gran deuda en el modelo de país que somos, porque solamente podemos tener una sociedad democrática si garantizamos esa dignidad humana para todas las personas”.

“El contexto de Canarias es delicado desde el punto de vista de una emergencia que se ha complicado aún más con la crisis sanitaria”, afirma Juan Carlos Lorenzo, presidente de la EAPN en Canarias. “Esta situación de crisis institucional, por desarrollar una política migratoria que consideramos errónea, ha generado una crisis humanitaria sin precedentes. Canarias, como nuevo escenario de la política de contención migratoria, actúa como mecanismo disuasorio y promotor de la deportación como único elemento, provocando la vulneración de los derechos de las personas migrantes ante la falta de previsión”, concluye.

La apuesta por las medidas de disuasión y externalización de fronteras y de bloqueo al desplazamiento y a la libre circulación provocan que las personas que huyen de sus países por conflictos violentos,  hambre  o  la  pobreza  crónica  realicen  travesías  cada vez  más  largas  e inseguras.  

Como director del Observatorio de Inmigración de Tenerife, Vicente Zapata asegura que quieren “un modelo basado en el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos, que se formule de manera conjunta y consensuada, pero integrando en su formulación a las diversas organizaciones que trabajamos en la defensa de derechos. Un verdadero Plan Canarias que este basado en una corresponsabilidad efectiva”.

Una petición a la que se suma Virginia Álvarez, responsable de Investigación y Política Interior de Amnistía Internacional, que reprocha que “una vez más, estamos viendo como se reproducen las mismas malas prácticas que ya se han denunciado en el pasado, y que siguen sin garantizar los derechos de las personas que migran”, y asegura que “es necesario repensar que política migratoria queremos dentro de la UE y de qué manera la UE quiere cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos”.

Desde el año 2014, más de 20.000 personas han perdido la vida en el Mediterráneo tratando de alcanzar el continente europeo. Diferentes mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han señalado que la actual política migratoria de los países europeos es corresponsable de todas estas muertes.

Con esta iniciativa, desde la sociedad civil se exige que el Gobierno aplique una política migratoria coherente que priorice el respeto de los derechos humanos, la solidaridad y la dignidad de las personas.

Así lo señala también Paloma García, responsable del Área de Incidencia de Red Acoge, que concluye que “esta carta supone un posicionamiento común y claro, con un conjunto de propuestas que hacemos desde más de 160 organizaciones sociales y sindicales para pedir un cambio en las actuales políticas migratorias”, y añade: “Al final, las personas migrantes son víctimas de unas políticas de contención que finalmente no se han conseguido cambiar y que continúan vigentes. Hoy mismo el Defensor del Pueblo, en su comparecencia en el Senado, ha puesto de manifiesto cómo, si se mantienen estas políticas de contención, tienen su efecto en la vulneración de derechos humano”.

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